Abogados penalistas especialistas en internacional

El Derecho Penal Internacional tiene como función la protección de los bienes jurídicos más importantes del orden social internacional frente a las formas de agresión más graves, lo cual se logra a través de normas dirigidas a los individuos, cuya infracción genera la responsabilidad penal individual de los mismos en Derecho internacional. En virtud de este concepto amplio, comprensivo del Derecho Internacional penal, el objeto de las normas penales internacionales (o Derecho Penal de las naciones) consiste en determinar las conductas que atentan contra un interés social de trascendencia universal, cuya protección exige su tipificación como delitos y la aplicación de penas impuestas por los Estados miembros de la Comunidad Internacional «a través de actuaciones nacionales o internacionales, colectivas y de cooperación».

Colaboramos en la defensa de ciudadanos españoles imputados, acusados o condenados en países extranjeros, tanto si están en libertad provisional, en arresto domiciliario o en la cárcel.

Asistimos a los ciudadanos detenidos por ordenes de detención europeas de todos los países de Europa o por extradiciones de muchos países. Tanto si se trata de delitos contra las personas o de delitos económicos nuestros abogados y los despachos internacionales con los que trabajamos le representarán con máxima profesionalidad y solvencia.

Existen dos tipos de extradiciones:

– La extradición activa, cuando España solicita a otro país la extradición de una persona para que sea juzgada en España por un delito cometido en este país, porque el delincuente ha huido de su jurisdicción.

• Españoles que hayan cometido un delito en España pero después hayan huido a un país extranjero.
• Españoles que estando en el extranjero, han atentado contra la seguridad exterior del Estado, y después hayan huido a otro país distinto.
• Extranjeros que deban ser juzgados en España, pero que se hayan refugiado en un país que no es el de su nacionalidad.

– La extradición pasiva es cuando otro país pide a España la entrega de una persona.

• Solo se podrá acceder a la extradición en base a una Ley o a un Tratado (principio de legalidad).
• El hecho que motiva la extradición debe poder ser sancionado tanto en España como en el país que solicita la persona (principio de doble incriminación). Por lo tanto, en los casos en los que el delito imputado no esté tipificado como tal tanto en la legislación penal del Estado requerido como en el Código Penal español, no se procederá con la extradición solicitada.
• Se concederá la extradición solo si se juzga y condena a la persona por el delito por el cual se ha emitido la orden de extradición (principio de especialidad).

Cuando estos procedimientos de entrega de personas se producen entre Estados miembros de la Unión Europea, en vez de ser una extradición, técnicamente se conoce como una “Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE)” o “Euroorden”. En este caso, los países parten de una “confianza mutua” dado que todos pertenecen a la UE, y por ello la OEDE tiene menos requisitos y obstáculos que una extradición. 

Utilizamos la normativa penal y penitenciaria internacional en beneficio de nuestros clientes: trabajamos para trasladar presos que lo deseen a sus países de origen para el cumplimiento de la condena y aplicación de beneficios penitenciarios. Para ello, es necesario que el preso cumpla determinados requisitos, y que no concurra ninguna de las causas de denegación previstas en la Ley.

El derecho de asilo está regulado tanto por normas nacionales como internacionales. El derecho de asilo es la protección que se puede otorgar a una persona que no es nacional de ningún país de la Unión Europea, cuando se le otorga la condición de refugiado. Esta condición se reconoce a aquellas personas que se encuentran fuera del país de su nacionalidad y no pueden acogerse a la protección del mismo, debido a que tienen fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, opiniones políticas, o por la pertenencia a un grupo social determinado. Estos temores se pueden concretar, por ejemplo, en que la persona haya sido condenada a pena de muerte en su país, o que haya sufrido torturas, o graves amenazas contra su vida o integridad.

La jurisdicción universal establece la competencia para enjuiciar crímenes, independientemente del lugar en que se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima. Se considera que la jurisdicción universal se aplica a los principales crímenes internacionales, concretamente, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, cuya represión por parte de todos los Estados está justificada o es una exigencia por ser una cuestión de política pública internacional y de algunos tratados internacionales.

Según el derecho penal internacional, se puede considerar a una persona penalmente responsable no sólo por la comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, sino también por intentar, colaborar, facilitar o ser cómplice y encubrir la comisión de esos crímenes. Una persona también puede ser penalmente responsable por planificar e incluso por instigar la comisión de esos crímenes.